La Corporación Meier acudió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para pedir que se revise el proceso de licitación de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). El grupo acusa irregularidades en los últimos concursos y sostiene que las bases pueden favorecer a operadores instalados, en desmedro de nuevos postulantes.
La disputa apunta a las renovaciones y nuevas plazas que quedaron definidas entre 2021 y 2022, entre ellas Rinconada, Talca, San Antonio y Antofagasta. En ese periodo, la SCJ adjudicó 10 de las 14 licencias que estaban en juego, mientras otras quedaron pendientes o fueron cuestionadas por distintos actores del mercado.
Qué reclama la empresa
Los abogados de Meier, Andrés Fuchs y Nader Mufdi, presentaron un escrito de 44 páginas donde plantean que el diseño del proceso abre espacio para conductas anticompetitivas. Según su postura, el problema más grave es que el acta y el esquema regulatorio permitirían escenarios de colusión o abuso de posición dominante.
La compañía peruana ya tiene presencia en Chile a través de su operación en Talca y en el Casino de Puerto Natales. Aun así, busca ampliar su participación en el mercado local, especialmente con la licencia de San Antonio y con la continuidad de su posicionamiento en la capital regional del Maule.
En su presentación, el grupo se describe como un actor que busca consolidarse como una empresa relevante del rubro del entretenimiento. Pero al mismo tiempo afirma que las reglas aplicadas por la SCJ afectarían su capacidad de competir con operadores de mayor tamaño, como Marina del Sol, Dreams y Enjoy.
Objetivo: suspender el proceso
La intención principal de Meier es que el TDLC suspenda los concursos abiertos mientras se corrigen las bases. A juicio de la empresa, la licitación no debiera seguir avanzando hasta que se revisen varios puntos que, según dicen, alteran la igualdad entre postulantes.
El operador afirma haber identificado tres errores relevantes en el proceso. Por eso pide que el tribunal intervenga para ordenar ajustes antes de que se sigan cerrando adjudicaciones bajo las reglas actuales.
La idea de fondo es que los cambios no solo afecten la evaluación de las ofertas, sino también el diseño completo del concurso. Para Meier, si no se corrigen esas bases, el resultado podría seguir inclinándose hacia quienes ya operan en Chile.
El punto técnico del concurso
Uno de los focos de la presentación es la etapa técnica de evaluación. La normativa exige alcanzar al menos un 60% del puntaje total para pasar a la siguiente fase y competir por la oferta económica. Si se supera ese umbral, la adjudicación se define por la propuesta monetaria más alta.
El reclamo sostiene que esa revisión no se aplica de la misma forma a todos. Según la empresa, el trato cambia si se trata de un operador incumbente o de un postulante nuevo, lo que alteraría las condiciones de competencia.
Meier también cuestiona que los casinos ya instalados puedan entrar de forma automática a la evaluación económica si cumplen con el mínimo requerido. En su interpretación, eso reduce el espacio real para que nuevos oferentes puedan disputar la licencia en igualdad de condiciones.
A eso suma otro punto delicado, la inversión mínima exigida a los incumbentes. La firma señala que la normativa les permite comprometer un monto bajo y considerar que al menos el 80% de esa suma corresponde a obras ya existentes dentro del avalúo fiscal, dejando solo una parte para nuevas construcciones o mejoras.
Las críticas al diseño de las bases
Además del sistema de puntajes, la Corporación Meier acusa que las bases no entregan toda la información necesaria para preparar correctamente la oferta técnica. Según su recurso, eso dificulta que otros interesados puedan armar una propuesta sólida y competir en serio.
El escrito también apunta a criterios discrecionales dentro de la evaluación de la ficha técnica. Para la empresa, ciertos factores quedan demasiado abiertos a la interpretación de quienes califican, lo que puede transformarse en una barrera para potenciales postulantes.
Esa estructura, dicen, termina jugando a favor de quienes ya tienen operaciones montadas en el país. En la práctica, sostienen, el proceso deja menos espacio para que actores extranjeros o nuevos participantes entren con posibilidades reales.
Qué dicen sobre la pandemia y la colusión
Otro argumento de Meier es que las bases no habrían considerado el impacto de la pandemia en la participación de operadores internacionales. A juicio de la compañía, las restricciones sanitarias y de movilidad afectaron la llegada de ejecutivos y equipos técnicos necesarios para participar en licitaciones en Chile.
El grupo remarca que varias empresas extranjeras enfrentaron trabas para ingresar al país durante ese periodo. Por eso cuestiona que se exija presencia previa en Chile durante los meses anteriores al proceso, porque eso puede excluir a interesados que, por razones prácticas, no pudieron instalarse antes.
La presentación también critica que el concurso no incorpore medidas para evitar riesgos de coordinación entre competidores. En opinión de la empresa, las reglas no bastan para impedir acuerdos o conductas que puedan perjudicar la libre competencia.
En esa línea, el recurso menciona que la Fiscalía Nacional Económica está analizando la fusión entre Enjoy y Dreams, además de antecedentes sobre una posible colusión que también involucra a Marina del Sol. Pese a eso, Meier plantea que no existe una cláusula clara que suspenda licencias o procesos mientras se investigan esos hechos.
Por ahora, el TDLC pidió antecedentes al Ministerio de Hacienda, a la SCJ y a la Fiscalía Nacional Económica para entender mejor el contexto del caso. Con eso sobre la mesa, el debate sigue abierto y el futuro de las licencias en San Antonio y Talca dependerá de lo que resuelva el tribunal.
Si te interesa seguir el desarrollo de este tipo de procesos, puedes revisar cómo funcionan las licitaciones, los criterios de evaluación y las diferencias entre operadores en el mercado chileno de casinos.
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